El Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Cajar) solicitó a la Fiscalía General de la Nación declarar los homicidios agravados de que fueron víctimas los profesores de la Universidad del Atlántico, Lisandro Vargas Zapata y Antonio Enrique Meza Consuegra como delitos de Lesa Humanidad.

Como consecuencia de lo anterior, también solicitó que la acción penal por la conducta delictiva de homicidio que se ejecutó en contra de la humanidad de Vargas Zapata y de Meza Consuegra se torna imprescriptible sobre las conductas lesivas ejecutadas en desarrollo de este y en relación con todos los partícipes e intervinientes en su ejecución, tanto de quienes se estén adelantando las respectivas pesquisas como sobre los que aún no son objeto de intervención penal.

Además, que se continúe la investigación en contra de responsables en averiguación, atendiendo a los estándares internacionales previstos para estos delitos, en particular al contexto y complejidad de la violencia ejercida en la Universidad del Atlántico.

Según la abogada Yessika Hoyos Morales, quien actúa como representante de víctimas en el proceso, la consecuencia jurídica de la integración de los delitos de lesa humanidad en Colombia es la imprescriptibilidad de la acción penal. 

Esto significa que “la acción penal no va a prescribir hasta dar con los autores intelectuales, ya que ya hay dos condenados como autores materiales”, según expresó Hoyos Morales en diálogo con Zona Cero.

Aseguró que el objetivo es que se sepa la verdad plena, completa, para lo cual requirió testimonios como los de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, sobre la manera como el paramilitarismo realizó este tipo de hechos, tal como está debidamente documentado en las respectivas investigaciones.

22 años de impunidad intelectual

La solicitud fue planteada, precisamente, al cumplirse 22 años del homicidio del profesor Lisandro Vargas Zapata. 

En concepto de Yessika Hoyos Morales, los homicidios se inscriben “en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido en contra de la población civil perteneciente a la comunidad universitaria de la Universidad del Atlántico, y fue cometido por varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden político”.

Sostiene que “estos dos homicidios no fueron aislados, sino sistemáticos, pues se enmarcaron en la ejecución de una política de cooptación de los recursos públicos de la Universidad del Atlántico. Grupos paramilitares se tomaron a sangre y fuego la Universidad del Atlántico, y ejecutaron un plan de exterminio o depuración física de quienes cuestionaban o denunciaban el entramado criminal pactado, o exigían transparencia en las cuentas públicas y en la correcta ejecución del presupuesto de la universidad. Dinero que, sobra decir, era codiciado por los grupos paramilitares y por los funcionarios públicos corruptos, y el cual, efectivamente terminaba en sus arcas particulares”.

La lucha por los derechos universitarios

La apoderada de víctimas también expuso que los asesinatos de los profesores Lisandro Vargas Zapata y Antonio Meza Consuegra, están relacionados con el ejercicio de su labor como docentes universitarios “y sobre todo con su actividad sindical de exigencia de transparencia y de garantía de los derechos de quienes representaban". 

“Estas dos condiciones según el retorcido entender de los miembros de estas organizaciones lo convertían en un objetivo militar legítimo, y bajo ese estigma justificaron la puesta en marcha de sus planes de exterminio”, precisa la alegación de Cajar.

Dentro de la investigación que se adelantó -y que continúa abierta a la fecha- por el homicidio de Lisandro Vargas Zapata y Antonio Enrique Meza Consuegra “pudo establecerse con certeza que el crimen fue cometido por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia del Bloque Norte, que operaban en el Departamento del Atlántico, con ayuda de miembros de la Fuerza Pública pertenecientes a la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Barranquilla”.

Los hechos

Recordó que el profesor Lisandro Vargas Zapata fue asesinado el 23 de febrero de 2001, cuando a las 10:45 de la noche salió de su residencia en el barrio Las Estrellas, suroccidente de Barranquilla, tras visitar a sus dos hijos menores y a su compañera Ana María García.

Vargas Zapata fue atacado por una persona que se cubría con una gorra y que le disparó mientras estaba dando reversa en su auto. Al escuchar los disparos, personas del barrio salieron en su auxilio y lo llevaron en el mismo carro a la Clínica Bautista, en donde les informaron que había llegado sin vida. 

Por su parte, Antonio Enrique Meza Consuegra fue un docente, líder cívico, y político barranquillero dedicado a la labor sindical desde el año 1990, fecha en la cual fue dirigente sindical del antiguo sindicato Sintraua.

Desde el ejercicio de su labor, “promovió la implementación de acciones para mejorar el bienestar de los docentes de la Universidad del Atlántico, y también denunció los actos de corrupción que se estaban presentando en el centro universitario. En particular, impidió desde su labor en la Cooperativa de Trabajadores de la Universidad del Atlántico, Contraudea, que terceros sustrajeran ilegalmente los recursos que le correspondían a los trabajadores aportantes”. 

Por lo anterior, sostiene Cajar, “fue declarado objetivo del Bloque Norte de los grupos paramilitares, quienes efectivamente ejecutaron el plan que terminó en su homicidio en contubernio con agentes del Gaula del Departamento del Atlántico”.

El 23 de septiembre de 2001 fue asesinado por dos sicarios, entre ellos Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Monteria, que se desplazaban en moto mientras descansaba en la puerta de su residencia, localizada en el barrio San José de la ciudad de Barranquilla. 

Al momento de su asesinato, era pensionado y presidente de la Junta Administradora de Contraudea, así como miembro de la seccional de Barranquilla del sindicato Sintraunicol.

Por este hecho fue condenado alias Montería, al igual que el exsuboficial del Ejército, Alberto Joaquín Silgado Arévalo, “hombre de confianza de Salvatore Mancuso y Jorge 40”.

“Más de 20 años llevan reclamando las familias de los profesores que se haga justicia sin que hasta el momento el Estado responda por estos crímenes. Por tal motivo, Cajar hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con diligencia, reconozca el contexto de comisión de los crímenes y declare que los homicidios constituyen crímenes de lesa humanidad”, puntualizó en su petición.